LOS HERRORES DE INCUMBENCIA

Demandan al Estado entrerriano por el erróneo secuestro de un camión.

El hecho sucedió en agosto de 2009, en el cruce de las rutas 18 y 32, tras un operativo encabezado por la Policía caminera. El pesado rodado estuvo un año y medio incautado. El transportista afectado iniciará una acción civil por daños y perjuicios.
                                                                                            (ILUSTRATIVA)

Un transportista entrerriano de la localidad de Nogoyá, quien sufrió el secuestro de su camión en un operativo realizado por la Policía caminera entrerriana en el cruce de las rutas 18 y 32, demandará al Estado por daños y perjuicios, según confirmó su abogado, Alberto Salvatelli, en declaraciones al programa El cielo puede esperar que se emite por la 97.1 La Red Paraná.

De acuerdo a lo expresado por el letrado, el “camión estuvo secuestrado durante un año y siete meses”. Respecto del motivo que desencadenó esta acción contó que “los efectivos policiales consideraron que el camión no era original de fábrica y en cuanto al acoplado observaron que tenía una ventana, es decir un corte que argumentaron como diferente al original”.

En todo ese tiempo se llevaron a cabo varias pericias encargadas por la Justicia, cuyo resultado fue variando al tiempo que el transportista seguía imposibilitado de ejercer su trabajo. “El primero de los peritajes fue visual, luego siguió con uno efectuado por la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, en donde se revela la presunta adulteración del camión y el acoplado”, aseveró el profesional.

Ante la duda el representante legal del transportista tomó la decisión de solicitar una tercera pericia, a cargo de personal idóneo de Gendarmería Nacional, la cual revirtió el rumbo del caso. “El resultado del peritaje dio como resultado que tanto el camión como el acoplado no presentaban adulteración alguna”, recordó.

De todos modos, el letrado no conforme con esa opinión requirió una nueva pericia que realizó personal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. “El resultado de la pericia arrojó una coincidencia con la realizada por personal de Gendarmería Nacional. Finalmente se comprobó que el camión no tenía adulteraciones y no podía ser adulterado. Entonces llegué a la conclusión que alguien mentía”, amplió Salvatelli.

Acto seguido precisó que “en ese momento estaba a cargo del Juzgado de Instrucción N°4, Román Sainte Marie, quien dictó una resolución que ordenaba que tanto el camión como el acoplado quedaban incautados a partir de ese momento”.

En otro orden expresó que el trabajador afectado “daba por perdido todo lo que había conseguido con su trabajo”, aunque analizó su situación personal y en virtud del perjuicio que le provocó el accionar policial “realizará una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios por todos los honorarios que no pudo percibir en todo el tiempo en el que no pudo trabajar”, concluyó el asesor legal.

(UNO)