Legalización de “chutos” tiene fines sociales, no económicos

LA PAZ/OPINIÓN elpa´is@opinion.com.bo | 10/06/2011 | Ed. Imp.
 

Propietarios de vehículos indocumentados forman largas filas para legalizar sus motorizados. DICO SOLIZ

La Ley de Saneamiento Legal de Vehículos tiene estrictos fines sociales, a fin de favorecer a miles de propietarios para que pongan en orden los papeles de sus vehículos y de ningún modo se busca un impacto económico favorable al Tesoro General de la Nación para reducir el millonario déficit fiscal, explicó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS).

Señaló que se trata de un proceso de saneamiento, de regularización de los vehículos “que se dieron modos de vulnerar la seguridad del Estado, de estar dentro del país. Se habla de diez mil vehículos pero pueden ser más, no hay cifra exacta porque son ilegales que circulan todos los días con placas clonadas, documentos falsificados, sin pagar impuestos, ni multas, ni derechos de importación”.

Elío dijo que, como Estado, “sería un premio permitir que esos vehículos sigan en la ilegalidad”, por lo que se ha decidido legalizarlos para que, por ejemplo, en Beni y Pando, se legalice casi el 80 por ciento de su parque automotor.

“En Pando hay estadísticas en sentido de que el 88 por ciento de su parque automotor es chuto y ésas son palabras mayores. Como Estado no podemos incautar el 80 por ciento de ese parque automotor. Tiene que haber una solución mucho más social, considerando que hay personas que quieren mejorar su nivel de vida con un auto, y otros buscan crear su propia fuente de trabajo con un motorizado”.

Reiteró que desde el punto de vista social y del rol del Estado para controlar el contrabando, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa considera que con la primera ley de modificación de la ley aduanera y del Código Tributario, se endurecieron las sanciones para el contrabando, luego se aprobó la ley de desarrollo fronterizo que estableció pautas de seguridad nacional y, con esta ley de saneamiento de autos, se cierra el círculo de lucha contra el contrabando.

“Damos 90 días para regularizar y no entran más autos chutos a Bolivia. Auto que sea sorprendido a partir de la promulgación de la ley va a ser incautado, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza. Ahí sí que seremos completamente inflexibles. Por eso se da un plazo para terminar con este tema que generaron los gobiernos neoliberales del pasado”, agregó el diputado del MAS.

Elío admitió que está vigente toda una legislación que ya prohíbe el contrabando y que se dijo sería inflexible en su aplicación, pero aclaró que ahora, la legalización de autos “es un tema masivo, no podemos procesar a más de diez mil personas, tendríamos que habilitar cárceles inmensas. Había que hacer una excepción para, en lo social, solucionar el tema y, en lo individual, si hay personas que cometen el delito, se atendrán a las consecuencias porque el contrabando está penalizado con cárcel”.

Explicó que no habrá amnistía para legalizar contrabando de ropa usada y de electrodomésticos porque son temas distintos a los de los autos. Recordó que está prohibido el ingreso de ropa usada “pero tienen galpones mágicos porque nunca se acaban los stocks de ropa usada, algo raro pasa en ese sentido. Bolivia produce ropa y vamos a ser inflexibles. En autos es otra cosa porque no producimos autos todavía, pero los vamos a producir en un plazo cercano”.

El diputado Elío aclaró que la polémica ley no tiene ningún objetivo económico porque el déficit fiscal se calcula que este año superará los mil millones de dólares y el ingreso que generará para el Tesoro de la Nación esta legalización será ínfimo. “Se va el 200 por ciento de coparticipación para los municipios, 5 por ciento para las universidades. Para el Estado será insignificante la recaudación. Es un tema de seguridad nacional”.

También advirtió que apenas entre en vigencia la ley de saneamiento legal de vehículos será imposible ingresar un solo vehículo

Principales disposiciones de la ley

– Programa único de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel. También tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques.

– En 15 días hábiles  se deben registrar los vehículos ante la Administración Aduanera según procedimiento que establecerá el Ministerio de Economía.

– El propietario del vehículo, tendrá 90 días hábiles para concluir el trámite.

– Los vehículos a gas natural pagarán una multa de 25 por ciento del tributo omitido, los vehículos a diésel pagarán una multa de cien por ciento,  los de gasolina 50 por ciento .

– No se acogen a este programa de saneamiento, los vehículos con resolución ejecutoriada en sede administrativa o judicial, los que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos, con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los con volante de dirección a la derecha, y los que se encuentren fuera del territorio nacional.

– Vencido el plazo de vigencia del programa se confiscarán los vehículos indocumentados.

– Se podrá solicitar a la Aduana un plan de pagos mediante cuotas iguales y consecutivas por un plazo de hasta un año.

– Diprove venderá en 50 bolivianos, un certificado de que el vehículo no es robado.

– No hay límite de fabricación de los vehículos para su legalización, la ley no establece un año tope de fabricación.

Hacienda no participó en aprobación de la Ley de Saneamiento Vehicular

El Ministerio de Hacienda no participó en el proceso de aprobación de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos, confirmó el diputado opositor Adrián Oliva.

Recordó que el artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, establece que cuando se trata de este tipo de normas, que tienen que ver con el ámbito fiscal financiero, es obligatorio contar con el dictamen, la opinión y la consulta del Ministerio de hacienda y de otros órganos del Poder Ejecutivo.

“No sucedió aquello y esta ley fue aprobada vulnerando esa disposición que está en línea con disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento parlamentario”, añadió.

Oliva dijo que la ley tiene muchas observaciones desde el punto de vista económico por el impacto que va a generar en la subvención de los carburantes y el eventual incremento o alza de los mismos en el ámbito ambiental, porque Bolivia tiene niveles elevados de emisiones de dióxido de carbono, “que en el cálculo de toneladas métricas per cápita llegan a ser tan altos como el de Estados Unidos”.

Dijo que otro dato preocupante es el que tiene que ver con la vulneración de una disposición del propio Gobierno que ha definido que estas actividades constituyen contrabando y por tanto son delito, “pero hoy se da por bien hechas con el apoyo del propio Gobierno”.

Oliva dijo que no se tiene un número cercano a la realidad sobre los vehículos indocumentados, pero señaló que el dato más fiable ronda por los cien mil motorizados.

También explicó que no es necesario que los indocumentados estén en recintos aduaneros para ser beneficiados por la ley. “Hay un concepto que se llama territorio aduanero nacional, o sea todo el país. Pero, conocemos que hay intensa actividad en Chile para aumentar la importación de autos usados hacia Bolivia”.

El diputado opositor rechazó el argumento del oficialismo en sentido de que esta ley tiene un carácter eminentemente social. “Es contradictorio porque habrá consecuencias negativas para todos los bolivianos, va a afectar la subvención de carburantes lo que ya es un problema para el Gobierno y, en determinado momento, obligará a realizar un ajuste de precios”.

Recordó que hace dos años el Gobierno prohibió la importación de este tipo de vehículos por lo que ahora, prácticamente, se admite que el Estado es incompetente para luchar contra el contrabando y esa actividad criminal ha rebasado a todas las autoridades.

“Ha fracasado la reforma a la Ley de Aduanas, al Código Tributario y las reformas aprobadas hace tiempo  para crear una zona de frontera y un ámbito de seguridad y desarrollo fronterizo que fue argumento para tomar decisiones con el fin de dar poder a un exministro”, añadió.

Oliva dijo que detrás de este tema hay muchos interesados que no son, necesariamente, personas que no tienen dinero. “Hay mucho dinero alrededor de este proyecto y se ha demostrado que ciertos intereses pueden más que las necesidades de la sociedad”.

La Ley de Saneamiento legal de Vehículos se aprobó en tiempo récord y pasando por alto disposiciones oficiales para este tipo de trámites, según los documentos oficiales del proceso.

El proyecto de ley fue presentado el 13 de mayo último por las máximas autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Asamblea Legislativa: Isaac Ávalos, jefe de Bancada de Senadores y Marcelina Chávez, subjefa de Bancada del nacional del MAS.

Según el analista

Alberto Bonadona es una medida política

El nuevo proceso de legalización de autos indocumentados abierto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es una medida política que, además, demuestra que en este campo nunca hubo políticas, sino improvisación, lo que es muy grave porque se favorece al contrabando, afirmó el economista Alberto Bonadona.

“Lo más relevante viene a ser el hecho de que este ingreso de vehículos es más una respuesta política que cualquier consideración económica. No hay consideración económica realmente fuerte para pensar en algún volumen de ingresos importantes que pudiera tener el país”, señaló.

Respecto de la justificación masista, en sentido de que ésta es una medida social, Bonadona dijo que “todo el contrabando tendría que denominarse social. El contrabando en Bolivia se hace porque no hay empleo y también habría que despreocuparse de eso. La verdad es que en un país que no ha generado el empleo que se debía generar, todo tendría que venir a ser medida social”.

“Cuando dicen que es una medida social para mí sólo es una respuesta política, para no perder bases. De alguna manera quiere condicionar, si se quiere, el apoyo de mucha gente que en este momento va a sentirse favorecida. No hay ninguna otra justificación y creo que, en ese sentido, son muchas las personas a las que se ha permitido tener un vehículo en el sector rural”.

Agregó que está convencido que seguirán ingresando vehículos de contrabando y muchos se quedarán en el sector rural y tampoco se impondrán medidas como la de no vender gasolina a los vehículos que no tengan placa legal. “Eso ya se pudo hacer antes, por eso digo que no se va a hacer nunca”.

Bonadona dijo que inicialmente se ha estimado que el Estado podría llegar a captar 50 millones de dólares por esta nacionalización, lo que no es significativo para el fisco.

En cambio, agregó, habrá un impacto negativo directo sobre la subvención a los carburantes.

“A partir del próximo año la importación de gasolina será grande y con todo lo que puede significar para el propio Estado, porque esas importaciones serán de gasolina. No se puede importar petróleo porque las refinerías están abarrotadas, su capacidad está en pleno uso, la alternativa es importar gasolina que es más cara que el petróleo”.

Respecto a un cálculo que hizo el MAS para señalar que sólo serán diez mil los vehículos que se beneficiarán de la amnistía, Bonadona preguntó cómo saben que son 10.000, ¿quién los ha contado?, yo no creo en aparecidos, no hay tal, deben ser muchísimos más que 10.000. Y no hay tope en cuanto al año de fabricación de los autos, porque no se tiene idea de cuántos vehículos hay. Mejor es que lo dejen sin número porque hacen el ridículo”.

Un comentario en “Legalización de “chutos” tiene fines sociales, no económicos

  1. Que increible, a lo mejor las cuestiones sociales son atendibles pero las organizaciones que intervinieron en el ingreso ilícito de esos vehiculos , obtienen una total y perpetua impunidad. porque no creo que cada poseedor de un vehiculo “chuto” haya viajado a otro pais a buscar un automotor y evadiendo un sinnumero de controles ingresarlo al pais vecino.

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