La formación policial y el delito transnacional

Leopoldo Orquín – Abogado. Ex ministro de Seguridad

La formación que se le brinda a la fuerza policial define inequívocamente qué tipo de delitos el Estado está dispuesto a privilegiar como objetivo de persecución penal. Esta afirmación nos obliga a reflexionar acerca de la reciente decisión del Estado Nacional de retirar de todos los países y organizaciones extranjeras a los policías argentinos que estaban perfeccionándose en diferentes ámbitos internacionales.

En rigor de verdad, todo empezó cuando nuestro canciller, en su afán de desprestigiar al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lo acusó de enviar a sus policías a capacitarse en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA San Salvador), a la que él calificó de continuadora de la tristemente conocida Escuela de las Américas, lugar en donde se capacitó en la década de los ’70 a los militares latinoamericanos que a la postre se convirtieron en los brazos ejecutores de las dictaduras del continente.

En primer lugar, consideramos que una vez más, utilizar el tema de la seguridad como argumento de política interna es un error grave, que dentro del concepto de Política de Estado no puede ser aceptado, y más aun cuando el gobierno nacional no ha tenido voluntad política de enfrentar esta delicada problemática.

En segundo lugar, es necesario aclarar que ILEA es una Academia que, con el patrocinio de los EEUU y sede en nuestra hermana República de El Salvador, en nada se parece a la ya mencionada Escuela de las Américas.

Nuestro canciller pareciera no entender que los problemas de hoy son diferentes a los de la década de los ’70. Han cambiado los tiempos, y con él también muchos de aquellos problemas, aunque todavía pretenden sobrevivir algunos de aquellos protagonistas, quienes ideológicamente se mantienen anclados en aquellos años tumultuosos. Si el presidente norteamericano Barack Obama -que ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y que es quien a su vez autoriza los fondos para el funcionamiento de esta Academia- pretende o tuviese intenciones golpistas violatorias de los derechos humanos, significaría que ni ellos, ni los pueblos latinoamericanos, hemos aprendido nada en los últimos treinta años.

También resulta en principio injusto que al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en cuyo país funciona el ILEA San Salvador y al que a su vez cogobierna, sea sospechado de tan deleznables intenciones. Recordemos que el presidente Mauricio Funes es de profesión periodista, y entre sus antecedentes pueden encontrarse importantes reconocimientos, tales como haber recibido el Premio Internacional de Periodismo “María Moors Cabot”; Premio al Periodismo Democrático; Premio Nacional de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”; Premio Parlamento Centroamericano Francisco Morazán, entre otros. Si a nuestro canciller le preocupa el posicionamiento ideológico del presidente Mauricio Funes, habría que recordarle que compitió para presidente como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de clara inclinación izquierdista.

Recordemos que el ILEA San Salvador (existen además cuatro ILEAS más distribuidas en el mundo) tiene por finalidad la capacitación de policías, agentes de migraciones, agentes de aduanas, fiscales, y todos aquellos “agentes encargados de hacer cumplir la ley”, a quienes buscan “proveerlos de las herramientas y técnicas modernas necesarias para combatir el crimen transnacional, en forma eficaz, en el nivel nacional e internacional, creando redes interinstitucionales e internacionales, contribuyendo así a la democracia, al desarrollo económico y social de las naciones”.

Para el año 2011, esta Academia tiene previsto dictar cursos de “Desarrollo Gerencial para Aplicadores de la Ley”; “Capacitación sobre Protección Fronteriza”; “Manejo de Escena del Delito”; “Tráfico de Armas Pequeñas”; “Curso sobre Precursores Químicos”; “Curso sobre Tráfico de Personas”, entre otros. Todos estos cursos cuentan con el respaldo de diferentes Agencias de seguridad americanas, tales como el FBI (Oficina de Investigaciones); DEA (oficina antidrogas), DS (Oficina de Seguridad Diplomática); USCS (Servicio de Aduanas), a las que se suman distintas agencias de los países participantes, es decir todos los países latinoamericanos, excepto Venezuela y Bolivia.

En estos cursos han participado personal policial de la Bonaerense y Córdoba, pero también, y aunque el Canciller lo desconociera, el Estado Nacional ya había mandado personal de la Policía Federal.

Resulta evidente que si el Estado no capacita a nuestras fuerzas de seguridad en esta clase de delitos transnacionales es porque existe la voluntad política de no hacer sobre ellos ninguna clase de persecución penal. Nuestra preocupación parte del conocimiento que estos delitos transnacionales tienen un vínculo estrecho con el delito callejero o patético, que es el que mas afecta al ciudadano común. Por ejemplo, el tráfico de armas pequeñas o de drogas afecta diariamente la seguridad cotidiana en nuestros pueblos.

Si nuestras fuerzas policiales y nuestros funcionarios de aduana y migraciones estuvieran capacitados para detectar este tipo de delitos, seguramente nuestro país no hubiese sufrido el bochorno de enterarse por los diarios de que, a la vista y paciencia de todos los que debieron intervenir, se cargaron en el mes de diciembre pasado casi mil kilos de cocaína con destino a España, que fueron descubiertos y detenidos los pilotos argentinos no bien llegaron a Barcelona. La policía española, que hacía más de un año que estaba detrás de estos delincuentes internacionales, no confió en los servicios de seguridad argentinos para pedirles su colaboración.

Tampoco deberíamos haber sufrido la vergüenza de que el principal foro gubernamental internacional contra el lavado de activos GAFI (Grupo de Acción Financiera) haya decidido reforzar el procedimiento de seguimiento especial sobre nuestro país en virtud de que la Argentina no cumple 47 de los 49 ejes de revisión sobre lavado de dinero.

Estas ideas no implican para nada compartir la filosofía de seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se basa en la autogestión y autocontrol de la policía. Esto ha llevado a importantes nichos de corrupción, con purgas policiales cada vez más frecuentes, que en definitiva terminan desprestigiando y denigrando al personal digno y eficiente, que los hay, y muchos.

Tampoco pensamos que la participación de “agentes encargados de hacer cumplir la ley” en estos cursos contradigan los pactos vigentes sobre derechos humanos, esto en la medida en que los mismos no han sido observados ni por Amnistía Internacional ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, y con el afán de colaborar en la mejora de la seguridad de las personas, deseamos que el Gobierno Nacional revise esta desafortunada decisión, la que creemos que sólo se encuentra influida por viejos dogmas ideológicos y no por intereses espurios que podrían ser altamente reprochables.

Los Andes