Patente correntina: pérdidas por 12 millones en General Obligado

Lucen sus vehículos nuevos en Reconquista, Villa Ocampo o Avellaneda, pero los patentan en Corrientes. Pagan apenas 30 % del valor santafesino. Perjudican a las municipalidades donde viven.

Si en Villa Ocampo en lugar del corriente mes fuera también febrero pero de 1995, una W blanca se destacaría en la mayoría de las patentes de fondo negro de los coches, los camiones y las 4 por 4 nuevas de esa ciudad del departamento General Obligado.

Hasta diciembre del ’95, cada provincia argentina identificaba los vehículos patentados en su territorio con una letra: la A Santa Fe le correspondía la S, en cambio a Corrientes la W (a la C la tenía Capital, Córdoba usaba la X).

Hoy, las patentes de tres letras disimulan, en el norte santafesino, una conducta digna de un estudio sociológico profundo: se trata de evadir el pago de la patente santafesina y así perjudicar -sobre todo- al municipio donde se vive.

Seguramente, no se piensa en la íntima relación entre el bache que rompe sus coches nuevos y la patente que por éste aportan a otra localidad, por la que sólo transitan una vez al año (para pagar un módico tributo).

El senador Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) pintó un panorama notable: “No se trata de casos sociales, vemos especialmente que se radican fuera de la provincia modelos nuevos, coches de muy alta gama, costosos, y flotas enteras de camiones de transportistas de la zona”, expuso.

“Hay concesionarias que hasta venden sus 0 km con el patentamiento hecho en Corrientes”, advirtió. También expuso que “hay empresas que en bloque dan de baja sus flotas de 20 camiones y los llevan a comunas correntinas”, describió.

Reclamo

Desde su banca, ayer el representante del Frente Progresista mostró que el problema -tan sólo en el departamento que representa- genera pérdidas que llegan a los 12 millones de pesos anuales.
Marcón dijo que, según un relevamiento de la municipalidad de Villa Ocampo, nada menos que el 80 % de los coches modelos 2010 y 2011 está radicado fuera de la provincia.

Obviamente, como la patente tiene sobre todo impacto en las finanzas municipales, la viveza criolla de los vecinos del norte santafesino que fingen ser correntinos o chaqueños a la hora de inscribir sus vehículos, perjudica especialmente a los municipios que habitan.

Un proyecto de comunicación subraya que la provincia debe tomar cartas en el asunto y -según expresó a sus pares- “abandonar la actitud pacífica que hasta ahora han tenido las autoridades santafesinas”, frente a las pérdidas que provoca el fenómeno de las patentes correntinas.

En “la hermana provincia el tributo de la patente está municipalizado”, e incluso cada localidad puede fijar el valor de ese tributo. “Incluso se registran inconvenientes entre la ciudad capital (la ciudad de Corrientes) y las municipalidades más pequeñas: el valor de la patente correntina depende de cada intendente”, graficó.

Fallo de la Corte

“Es una realidad imperante en nuestro departamento que ha ido en aumento. Se registra hace mucho tiempo pero creemos que es hora de tomar decisiones”, dijo Marcón.

Asimismo, explicó que hay una novedad: un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de un trámite iniciado por la provincia de Misiones. La cabeza del Poder Judicial se ha expedido “dándole plenas facultades a esa provincia para exigir el patentamiento en su territorio provincial. Lo mismo ocurre en Entre Ríos, y en nuestro departamento”, cercano a Chaco y Corrientes.

“Hasta ahora, se nos decía que desde el punto de vista legal no había cómo remediar esta anomalía, ésa era la respuesta que obteníamos los municipios”, cuando se llevaba el tema ante la Administración Provincial de Impuestos.

“Aquí (en el recinto) hay muchos ex intendentes, ex presidentes comunales que saben que el 60 % de la patente va en forma directa a cada comuna o municipio y que el 30 % se distribuye de acuerdo con un coeficiente de coparticipación y que el 10 % restante pasa a las arcas provinciales en los vencimientos corrientes. Las patentes atrasadas quedan -en un 100 %- para los gobiernos comunales y municipales”, ilustró.