Jueces penales sufren robos, sus autos son dañados y tienen temor Juzgado

 Faltan policías y los controles de acceso a la sede son débiles

PABLO MELÉNDREZ

La Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior buscarán mejorar la seguridad en torno al edificio donde funcionan los juzgados penales de turno de Montevideo. Jueces han sufrido robos y se sienten vulnerables por falta de vigilancia.

Los jueces y funcionarios del juzgado ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1275 esquina Buenos Aires, donde funcionan las sedes penales y de menores de turno, se sienten vulnerables y tienen temor por su seguridad debido a la escasa vigilancia que hay en la sede.

Una fuente judicial contó que semanas atrás un hombre ingresó al juzgado aduciendo que iba a solucionar un problema con el abogado de su hermano, que estaba siendo indagado por venta de drogas.

Así, el hombre llegó a la sala de testigos y amenazó a las personas que esperaban para declarar e identificar a su hermano. Por miedo, ninguno de ellos quiso radicar una denuncia y por falta de pruebas el indagado recuperó la libertad.

Pero, además, se han registrado episodios de vandalismo contra los vehículos de jueces y funcionarios que son estacionados en un predio contiguo a la sede judicial.

El juez penal Nelson Dos Santos, cuyo despacho se ubica en el segundo piso del edificio, dijo que el estacionamiento del juzgado es “tierra de nadie”.

“A eso se suma que en forma casi permanente hay familiares de los indagados esperando en la puerta y ven los movimientos de los jueces y funcionarios”, dijo el juez. Agregó que la sede vive “una situación complicada” en materia de seguridad.

En tanto, otra fuente judicial expresó su preocupación sobre el tema y dijo: “Matar no mataron a nadie, pero ha habido problemas de todo tipo”.

En la sede judicial, además de funcionar en forma habitual los juzgados penales de 6°, 12° y 15° turno, también se encuentra el Centro de Instrucción Criminal (CIC) donde trabajan los jueces penales y de menores mientras están de turno.

Los jueces y funcionarios también han sufrido hurtos menores dentro de la sede judicial. Así, a un juez le han robado varias veces las lámparas de luz de su despacho; a otra magistrada le hurtaron el mouse de su computadora y a un actuario le sustrajeron varios libros y una pipa de su oficina.

Dos Santos señaló que se ha dado cuenta de la problemática a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “En cada oportunidad que tenemos planteamos el tema por la seguridad de la gente, la nuestra y de los funcionarios”, dijo.

PREVENIR. A todo esto, el director de los Servicios Administrativos de la SCJ, Elbio Méndez Areco, se reunió la semana pasada con autoridades del Ministerio del Interior para planificar un nuevo esquema de seguridad para la sede judicial.

“Entendemos que el juzgado debe contar con una mejor seguridad a través del Cuerpo de Seguridad Judicial que está instalado allí mismo”, dijo Méndez Areco a El País.

El jerarca judicial indicó que si bien no han existido dificultades importantes, “no se puede esperar a que pasen”. “No hemos tenido problemas, pero la idea es prevenir”, señaló.

Por su parte, el vocero de la Jefatura de Policía de Montevideo, José Luis Rondán, informó que se está estudiando “el estado de situación” de la seguridad en el juzgado “antes de iniciar la planificación” de las medidas que se puedan adoptar.

Rondán expresó a El País que el Poder Judicial “se había olvidado un poco” de la seguridad en las sedes, por lo que destacó el hecho de que se quiera volver a trabajar sobre el punto, principalmente donde funcionan los juzgados penales de Montevideo.

Esas sedes “son un lugar álgido porque ahí es donde los delincuentes son sometidos a la Justicia”, consideró Rondán, quien durante ocho años estuvo al frente del Cuerpo de Seguridad Judicial.

INFORME. Los actuarios que trabajan en el juzgado de Bartolomé Mitre y Buenos Aires le entregaron al presidente de la Asociación de Actuarios, Diego Pardo, un informe donde se plantean los principales aspectos que la sede judicial debe mejorar a nivel de seguridad.

Pardo integrará en representación de la gremial una comisión creada por la Suprema Corte para analizar la situación de la seguridad en los juzgados penales de turno.

Entre otras cosas, los actuarios entienden que se deben incrementar los controles de las personas que ingresan al juzgado. A eso se suma que el detector de metales instalado en la puerta no funciona.

Por otro lado, el informe entregado a la Asociación de Actuarios, al que tuvo acceso El País, cuestiona el “escaso” personal policial que custodia la sede judicial.

En cuanto a los problemas externos, el informe menciona la presencia “permanente de personas frente al edificio” a la espera de resolución en torno a sus familiares indagados.

En agosto habilitan nuevas sedes penales

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) espera que entre agosto y septiembre quede inaugurado el nuevo Centro Penal de Montevideo, ubicado en Juan Carlos Gómez casi Reconquista, donde en su momento funcionó Manos del Uruguay. En la sede se instalarán los juzgados que actualmente se encuentran en la calle Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito.

El edificio, que años atrás fue adquirido por el Poder Judicial, implicó una inversión de US$ 5 millones. Contará con 5 mil metros cuadrados distribuidos en seis niveles en los que se instalarán 12 juzgados. El edificio tendrá puertas de ingreso y ascensores independientes para funcionarios, testigos e indagados.

Según explicó a El País el presidente de la SCJ, Daniel Gutiérrez, se produjo un “atraso significativo” debido a dificultades con la empresa encargada de instalar los ascensores.

Gutiérrez estimó que la obra estará terminada “entre agosto y septiembre”, y la intención del Poder Judicial es inaugurar el Centro Penal de Montevideo a la brevedad. La idea inicial era que el edificio estuviera operativo a principios de 2012.

El Centro Penal de Montevideo se construyó teniendo en cuenta las necesidades locativas que se planteen cuando se apruebe el nuevo Código del Proceso Penal, que prevé un sistema por audiencias bajo un modelo oral y público, lo que hará necesario que las sedes penales dispongan de mayor espacio.

El País Digital