Escándalo: Robo de autos en la Aduana Nacional

Investigaciones.
En una circunstancia tan delicada, no pueden existir excepciones en el desarrollo de un proceso de investigación, y por el contrario, éste debe incluir a todo el personal jerárquico.

Una grave acusación que ha lanzado nada menos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas contra la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) por ser responsable del robo de 64 vehículos de los Silos de Trigo, en el municipio de Uyuni, Potosí, sitúa en el ojo de la tormenta a la presidenta de la entidad aduanera Marlene Ardaya.

Una resolución administrativa declaraba a esos predios depósitos especiales aduaneros y de tal forma la Aduana Nacional se constituyó en depositaria legal de los vehículos con la expresa misión de custodiarlos. Resulta que el 2 de febrero se sustrajeron 64 vehículos de 137 retenidos en calidad de robados y otros que aún no concluyeron el proceso de nacionalización.

El informe señala que se ha instaurado un proceso penal por el robo de los 64 vehículos pero no responsabiliza a ningún funcionario aduanero y el Ministerio de Economía recomienda un proceso sumario a todos los empleados públicos implicados en el hecho. Además sostiene que la presidenta de la Aduana Nacional “debió instruir que se tomen las medidas correspondientes para custodiar y brindar seguridad a los vehículos que no terminaron el programa de nacionalización en Uyuni y que fueron depositados en el recinto”.

El asunto conforma un nuevo escándalo, pero además plantea interrogantes que en el curso de la investigación podrán obtener respuestas.

Por el momento hay que colegir que el robo de los 64 vehículos requiere de una red organizada de funcionarios aduaneros o de gente externa que de todos modo tuvo información y acceso a los depósitos aduaneros. Es fácil establecer que no debe ser muy sencillo ingresar a un galpón o depósito y sustraer los vehículos que se supone fueron desapareciendo de manera paulatina.

Lo que ha ocurrido con este robo tan sui géneris por la cantidad de vehículos y por las características, pues no ocurre en una calle o vía pública, sino nada menos en un recinto aduanero, da a entender que las condiciones de seguridad que subsisten en la administración aduanera son deficientes o no existen, al igual que los controles que se supone deberían tener supervisión y partes periódicos a las instancias intermedias y de alto nivel.

Se habla de negligencia de parte de la máxima autoridad de la Aduana, ya que un miembro del directorio recuerda ahora que el Ministerio de Economía le dio la razón estableciendo que la presidenta actuó de manera negligente y que en ese sentido debía asumir su responsabilidad.

Esta situación plantea interrogantes, dudas y además una explicación de parte de la presidenta de la Aduana ante la opinión pública y general. Serán las autoridades del Ministerio Público las que inicien y lleven adelante las investigaciones del caso, asumiendo que en una circunstancia tan delicada, no pueden existir excepciones en el desarrollo de un proceso de investigación, y por el contrario, éste debe incluir a todo el personal jerárquico correspondiente.

Está demás decir que la Aduana Nacional es una de las instituciones más importantes en la estructura fiscal del país, aunque su funcionamiento, desde hace años y como un mal endémico se ha extendido bajo la sombra de irregularidades y casos de corrupción y delitos relacionados con el contrabando. Es por ello mismo que las actuales autoridades, incluso de mutuo propio, deberían pedir la investigación para deslindar responsabilidades si son inocentes o por el contrario someterse al peso de la ley.

Opinión.com.bo