Una norma que puede ser eficaz para combatir el robo de autos y desarmaderos

La aprobación por la Cámara de Diputados bonaerense del proyecto por el cual la Provincia adhiere a las disposiciones de la ley nacional sobre desarmado de automotores y venta de autopartes, que establece una fuerte regulación de esa actividad como fórmula para combatir el auge del robo de vehículos, constituye un paso positivo que, no obstante, deberá ser previamente debatido y convalidado por el Senado para que la norma quede sancionada y cobre vigencia.

Tal como se detalló al publicar la información sobre el tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja provincial, la ley nacional promulgada en 2003 establece que todos los locales que se dediquen a la venta o comercialización de autopartes usadas deben estar previamente habilitados por la autoridad nacional de aplicación y se exige asimismo que cada una de las autopartes cuente con un sticker identificatorio que entrega la autoridad nacional previa demostración del origen del repuesto o pieza que se trate.

En la práctica, lo que se prohíbe es la venta de autopartes usadas, salvo en locales debidamente registrados y respecto de repuestos cuyo origen legítimo se encuentre suficientemente acreditado, según se detalla en el articulado de la norma provincial en trámite.

Lo primero que podría señalarse es que el robo de automotores constituye un flagelo que gravita en forma decisiva, a la hora de medir los factores que inciden en aumentar los elevados niveles de inseguridad social que hoy se registran. Y si bien no se trata de un fenómeno reciente, lo dramáticamente novedoso residiría en el salvajismo con que se vino presentando esta modalidad delictiva.

Se conoce perfectamente cómo opera la industria ilegal de venta de autopartes. Se sabe que su accionar no se limita a ciertos desarmaderos de Warnes, sino que, con mayor o menor magnitud, estos lugares de desguace irregular pululan en la mayoría de las ciudades. Lo cierto es que los desarmaderos son perfectamente ubicables y, sin embargo, permanecen operativos por años y años, a vista y paciencia de las autoridades. Cuando no, en oportunidades, amparados por la complicidad de algunos funcionarios públicos.

También se ha enfatizado que, cuando se habla de plantear un combate a fondo contra el delito -y en el caso del robo de automotores puede hablarse, claro, de la presencia de asociaciones mafiosas, perfectamente vertebradas-, las estrategias que se elijan para librar esa lucha deben tener en claro que se actúa contra organizaciones ramificadas y apoyadas por poderosas influencias.

Según se señaló, la adhesión de la Provincia a la ley nacional despejará algunas dudas judiciales existentes sobre su instrumentación. Es de esperar que cumpla no sólo con ese cometido, sino con el de convertirse en una herramienta eficaz en la lucha que debe darse contra los desarmaderos ilegales.

http://www.eldia.com.ar