Acerca de la inconstitucionalidad del art. 13 de la ley 25.761

Luis Guillermo Blanco* luis

La ley 25.761 (B.O. 11/08/03) -y su compleja y burocrática reglamentación (además del decreto 744/04, una larga serie de disposiciones de diverso orden)-, ha instrumentado el régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes, resultando aplicable a “todas las personas físicas o jurídicas que procedan al desarmado de un automotor de su propiedad o de un tercero” (una actividad ocasional), “y para aquellas cuya actividad principal, secundaria o accesoria, sea la comercialización de repuestos usados para automotores” (su actividad comercial habitual) (art. 1). Siendo que todas las personas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea desarmar y/o comercializar autopartes, deben inscribirse en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC) (art. 9). Con cuya inscripción se encuentran legalmente habilitadas para desarrollar tales actividades, debiendo cumplir con las demás obligaciones que dicha ley les fija (arts. 7, 8 y 10).

Por nuestra parte, consideramos correcto al registro y habilitación de los desarmaderos y de las empresas que, como actividad accesoria (locales de comercio que no son propiamente desarmaderos), desarmen automotores y/o comercialicen autopartes. Dado que ello les brinda seguridad jurídica, al igual que a sus clientes.

Ahora bien, se ha dicho que esta ley responde a la política oficial de combatir los robos de automotores y los delitos asociados a éstos. Y al parecer, en lo que aquí nos interesa, su art. 13, 2do. párrafo, tiende a ello, en cuanto establece penas por el solo hecho de no cumplir con los deberes establecidos en esta ley para quienes su actividad principal, secundaria o accesoria sea el desarmado de automotores, y/o la comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores, sancionándolos con prisión de quince días a tres meses y multa de pesos diez mil a pesos doscientos mil e inhabilitación especial de uno a tres años.

Dicho criterio nos parece lógicamente falaz, y ese art. 13, jurídicamente desacertado. En efecto, es sabido que, de acuerdo con el Dr. Juan F. Gouvert, ante la proliferación de conductas delictivas, el Estado suele ensayar legislativamente -a veces, en forma rápida, improvisada e irreflexiva- la creación de nuevos tipos penales “adaptados” a la circunstancia de que se trate, para proporcionar una ficticia seguridad y buscar efectividad en el combate de ciertas manifestaciones criminales. Tal el caso de dicho art. 13.

Porque no puede pasar desapercibido que de lo que aquí se trata es de una cuestión propiamente administrativa. Ya que lo que en verdad se pune no es otra cosa que un incumplimiento de las obligaciones administrativas previstas por la ley 25.761 y su reglamentación (en particular, el registro en el RUDAC). Por lo cual hubiese bastado con establecer sanciones de orden administrativo, pero no así un tipo penal francamente absurdo y que nada aporta. Excepción hecha del aumento del erario público, merced a las cuantiosas multas que, con un criterio propiamente fiscalista, contempla ese art. 13.

Lo que ocurrió es que el legislador quiso regular rápidamente la actividad de los desarmaderos de automotores, considerándola íntimamente vinculada con su robo, lo cual formaba parte de los reclamos sociales de seguridad y lucha contra el delito al momento de la sanción de la ley 25.761. Pero para combatir a esos delitos, basta con las normas del Código Penal referentes al hurto y al robo de automotores (arts. 163, inc. 6º, y 167, inc. 4º) y a la adulteración de sus piezas (art. 289, inc. 3°), sin descartar la figura del delito de asociación ilícita (art. 210), y también, sin necesidad de establecer cuestionables sanciones penales para el incumplimiento de obligaciones administrativas, en ocasiones, debidas a la morosidad o a exigencias formales del ente registral.

Ello así, es de ver que los tipos penales del art. 13 en cuestión fueron tratados en su totalidad como delitos de peligro abstracto. Al decir del Dr. Marcelo A. Sancinetti, los “delitos de peligro abstracto son aquellos en que el legislador asocia a una clase de comportamientos el estigma de peligrosos, según cualidades generales de ese caso, desentendiéndose de si, en el caso concreto se derivó un riesgo real para el objeto de ataque”. Luego, si bien es cierto que la actividad desplegada por los desarmaderos de automotores puede estar vinculada al robo de éstos, en sí misma no puede tildársela de peligrosa bajo ningún concepto. Y menos aún, la comercialización de piezas usadas de rodados sin estar registrado en el RUDAC. Y ello no habilita sin más a tipificar penalmente conductas que no cumplan con esa regulación, si de ellas no se desprende la existencia de un peligro concreto o abstracto directamente vinculado a un bien jurídicamente protegido. Y esto es lo que ocurre aquí, donde el incumplimiento de las obligaciones administrativas previstas por la ley y su reglamentación, no puede generar, en sí misma, peligro alguno para ningún bien jurídico.

Por ello, la venta de autopartes usadas sin estar registrado, mal puede ser considerado, sofísticamente y a priori, como un paso que se sigue del robo de automotores (máxime si el imputado presenta facturas de compra de las piezas), y la conexión que puede haber entre un supuesto y otro, si bien puede existir, no permite dar por acreditada la peligrosidad de la actividad en sí misma como para sujetarla a un régimen penal, que como es sabido, debe regir como herramienta de ultima ratio para el cumplimiento de fines estatales.

Consecuentemente, cabe concluir que el legislador en su afán de dar respuesta a los reclamos sociales de seguridad vinculados con el robo de automotores, sancionó un tipo penal que resulta claramente violatorio del principio de inocencia garantizado en el art. 18 de la Constitución Nacional (C.N.) y por diversas normas de fuente originariamente internacional, que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22º, C.N.). A saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXVI, párr. 1ro.; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.1., Pacto de San José de Costa Rica, art. 8.2., in limine; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.2.

Ello por cuanto, frente al incumplimiento de determinadas obligaciones administrativas previstas en la ley 25.761, creó una grosera “presunción de ilicitud” respecto de quienes realizan una actividad que por sí misma, no genera un peligro concreto o abstracto directamente vinculado a un bien jurídico protegido. Y de allí que se haya declarado la inconstitucionalidad de dicho art. 13. Así lo ha decidido, entre otros órganos judiciales, la C.N.Crim. y Correc., Sala V, en la c. 38.748, “Castagnaro, Luis Paulino y otros”. Rta.: 19/03/2010, y en la c. 39.955, “González, Osvaldo César y otros”. Rta.: 13/10/2010.

En suma y en otros términos, la falta de inscripción en el RUDAC no genera ni podría generar, en sí misma, un peligro concreto para ningún bien jurídico. De allí que, en razón de la inconstitucionalidad de referencia y como ya se dijo, no se trata aquí de una materia propia del Derecho Penal (bien entendido), sino de una cuestión administrativa. Con cuya absurda tipificación penal lo único que se ha logrado en concreto es generar un auténtico dispendio procesal inútil, atosigando a los Juzgados con causas (allanamientos y denuncias) que difícilmente puedan prosperar. Salvo que se “presuma” erísticamente que todas las autopartes proceden de un delito. Lo cual, huelga decirlo, es materia de prueba, no así de preconceptos.

 *Presidente del consejo de estudios A.Per.V.Re.Q.