San Luis: Se suceden una serie de hechos que ponen en jaque la seguridad jurídica del automotor, donde se involucra a funcionarios públicos y dejan en vilo a la sociedad Puntana

Le secuestran un auto trucho a perito de la planta verificadora

Constataron que el Peugeot 206 tiene anomalías en la tarjeta verde y el boleto de compra-venta. El técnico no está imputado.

Así como un banquero puede detectar por el tacto cuando un billete es falso, un perito de una planta verificadora de autos debería saber a simple vista si la documentación del vehículo que adquirió es apócrifa.
Pero Gerardo Hernández, un ex agente de la Policía Federal que trabaja en la planta verificadora de Villa Mercedes, parece ser la excepción a la regla. La Policía lo sorprendió cuando iba al mando de un Peugeot 206 gris que tenía la tarjeta verde falsa y los números de chasis y motor adulterados, informó una fuente policial.
Por las averiguaciones sobre vehículos robados en Buenos Aires que circulan en Villa Mercedes, policías de la división Investigaciones de esa ciudad establecieron que Hernández había comprado uno de esos automóviles “flojos de papeles”.
“Este hombre es reincidente, porque hace unos dos años se le incautó una camioneta Tata porque tenía adulterada la numeración de chasis y motor y la documentación”, dijo el jefe de la división Investigaciones de la Unidad Regional II Metropolitana, subcomisario Juan Carlos Acevedo.
Los agentes de la brigada de calle de la división interceptaron a Hernández el 30 de setiembre pasado a las 13:30, cuando salía de trabajar de la planta verificadora, ubicada en la calle Francia, entre Europa y Bolivia, en Villa Mercedes.
Los policías entrevistaron al conductor y le exigieron que presentara la documentación personal y del rodado. Ahí constataron que la tarjeta verde tenía anomalías, por lo que decidieron avisar al Juzgado Federal de San Luis.
El juez Juan Esteban Maqueda ordenó que el Peugeot fuera depositado en la quinta policial. Y que la documentación fuera revisada por los especialistas de la división Criminalística. Ahí confirmaron que no era original.
“Hernández manifestó que se lo había comprado de buena fe a un hombre de Buenos Aires y exhibió un boleto de compra-venta que no reunía las medidas que exige la ley para validarlo”, comentó Acevedo. “Como es una persona capacitada para desempeñarse en la planta verificadora, tiene que conocer las condiciones que debe tener un automóvil para circular”, agregó el policía, quien considera que es posible que el perito haya colaborado para que los estafadores pongan en circulación en San Luis los vehículos robados en otras provincias.
El hombre por ahora no está imputado, pero eso podría revertirse si los investigadores recogen pruebas y testimonios que indiquen que cometió un delito. Eventualmente, el magistrado podría solicitar una detención, dijo el subcomisario.
En diálogo con El Diario de la República, el comisario retirado Jorge La Vía, presidente de la mutual Amppare, que tiene la concesión de la planta verificadora de Villa Mercedes, expresó que Hernández es un empleado relativamente nuevo. “Por el momento no me han informado de nada, porque estoy fuera de la provincia”, dijo al ser consultado sobre el hecho.
“El personal fue capacitado para realizar esa tarea, por eso son ellos los responsables de darle explicación a la Justicia de los errores que cometan, no la institución”, agregó.
La Vía regresará a San Luis en los próximos días. Prometió que se interiorizará del caso y dará a conocer la postura que tomará la mutual sobre el perito sospechado.

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El jefe de la Unidad Regional dijo que los vehículos estaban a punto de ser compactados.

Para algunos no fue sorpresa, para otros “una salida elegante”

Justicia I: la renuncia de la jueza penal Mirtha Olga Esley

Si bien a muchos sorprendió la decisión de la jueza Mirtha Esley de presentar su renuncia tras 22 años en el puesto, su entorno íntimo sabía la noticia hacía un tiempo. “El 31 de agosto, renuncio”, había dicho la magistrada, quien adelantó su promesa y presentó la dimisión el martes 27.
Las especulaciones por los motivos son muchas y corrieron rápidamente en los pasillos judiciales. Es cierto que Esley estaba en edad de jubilarse y que el trámite salió poco antes de su renuncia, pero también es cierto que la jueza enfrentaba un jury que podría haberla destituido de su cargo y sacarle todos los beneficios previsionales y jubilatorios.
Según dicen en Tribunales, durante tantos años de carrera, la magistrada tuvo decenas de denuncias en su contra por diversas cuestiones, pero nunca se estuvo tan cerca de recibir una condena por el juicio que se había solicitado por el mal manejo de automóviles secuestrados que, en su Juzgado, eran acomodados a distintos depositarios judiciales.
“La investigación de los negociados con los autos truchos secuestrados y que después volvían a manos de supuestos compradores de buena fe, mediante un simple decreto judicial, sigue. Pero es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera”, dedujo con pocas esperanzas una fuente del ámbito forense.
Por este escándalo, calificado como “trucholandia”, fue echado un empleado del juzgado de Mirtha Olga Esley: Sebastián Godoy Peralta. Otro de los principales sospechados se fue antes: se jubiló. De manera paralela también hay otros sumarios en marcha contra agentes de ese tribunal y otro alcanza a un secretario.
Entre los emblemáticos “depositarios judiciales” que, acusados de encubrimiento, fueron llamados a indagatoria por el juez Jorge Sabaini Zapata, están un perito judicial, su hermana y su madre. Las tres compraron modernos autos robados, al igual que el suegro de la profesional. Según se conoció, todos pagaron sumas irrisorias.
“Esley se fue antes de que la sangre llegara al río”, sostuvo otra fuente judicial. Un colega agregó: “Al parecer se acabó el negocio con los autos truchos, bueno sería para la imagen de la Justicia que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y que este caso no quede en la nada”.
Si bien ahora sólo resta que se cumpla el trámite de aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo Provincial, en el Superior Tribunal de Justicia ya se analizan los pasos para designar un sucesor o sucesora en el Juzgado Penal Nº 1. Una de las posibilidades, para no afectar su normal funcionamiento, es designar un juez provisorio por seis meses hasta tanto se cumpla con el trámite de llamado a concurso. “Cualquiera de los abogados que aprobaron un examen para juez puede ser convocado y no necesariamente debió haber integrado una terna”, aclaró una fuente de Tribunales.

Fuente: El Diario de la Republica

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