San Luis: Autos “truchos”: procesaron a una perito, su madre y su hermana

Elisa y Nelly Spagnuolo y Julia Garro habían comprado vehículos robados, con identificación adulterada.

Todas las excusas que una perito judicial, su madre y su hermana dieron en el juzgado para justificar por qué tenían tres autos robados no alcanzaron para desvirtuar las sospechas de que cometieron estafa y encubrimiento. Por eso el juez Penal Nº 2 de San Luis, Jorge Sabaini Zapata, las procesó por esos delitos.

Las imputadas son Elisa Isabel Spagnuolo, de 43 años, su hermana Nelly Mabel, de 52, y su madre Julia Nelly Garro, de 71.

La resolución de Sabaini Zapata, trascendida días atrás, está fechada el 2 de octubre.

Madre e hijas habían adquirido dos automóviles Citroën, un C3 y un C4, y un Ford S-Max Titanium. Los tres tenían documentación adulterada.

El C3 patente FWN 445 de Elisa tenía modificada la numeración del motor y el chasis. Además, la cédula verde que exhibía Spagnuolo no era la original, según una pericia realizada el 3 de marzo de 2011.

Al C4, con patente IEC 747, que había adquirido su hermana, también le habían suprimido el número de motor y chasis. La Policía comprobó que tenía un pedido de secuestro, por robo, emitido por la Policía Federal el 19 de noviembre de 2010.

El Ford matrícula JCA 589 tenía pedido de secuestro por robo desde el 10 de noviembre del mismo año, en Avellaneda. Cuando controlaron la cédula verde que exhibía Julia Garro, comprobaron que ese documento pertenecía a un Ford Sierra modelo ’87, patente TVV 476. Y el título en el que habían volcado datos falsos del Max Titanium le corresponde a un Jeep Suzuki con chapa VEC 324.

Luego de comprar los vehículos, las hermanas Spagnuolo y su madre se presentaron como víctimas de estafa ante la jueza Penal Nº 1, Mirtha Esley. Adujeron haber sido burladas en su buena fe y le pidieron que no les requisara los vehículos, sino que les permitiera conservarlos como “depositarias judiciales”. Lo lograron.

Las pruebas obtenidas en la investigación que lleva adelante el Juzgado Penal Nº 2 permiten “inferir un claro ardid y modus operandi similar tendiente a denunciar una supuesta estafa con la intención de lograr una resolución favorable”, es decir, legalizar la tenencia del vehículo cuyo origen ilegal conocían, dijo el juez en su resolución.

Las imputadas “no desconocían el origen ilícito de los vehículos, más aún cuando adquirieron tres de la misma forma”, expresó en otro punto.

El magistrado entendió que al hacer “una serie de compraventa de rodados” y una posterior denuncia de estafa a fin de obtener la restitución de los vehículos, Garro y sus hijas “indujeron en error a la jueza” Esley, que accedió a que los conservaran como “depositarias judiciales”.

Fuente: EL DIARIO DE LA REPUBLICA