Desarmaderos: Acerca de la inconstitucionalidad del art. 13 de la ley 25.761

 

Por Luis Guillermo Blanco*

            La ley 25.761 (B.O. 11/08/2003) -y su detallada reglamentación (además del decreto 744/04, una larga serie de disposiciones de diverso orden)- ([1]) ha instrumentado el régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes, resultando aplicable a “todas las personas físicas o jurídicas que procedan al desarmado de un automotor de su propiedad o de un tercero” (una actividad ocasional), “y para aquellas cuya actividad principal, secundaria o accesoria, sea la comercialización de repuestos usados para automotores” (su actividad comercial habitual) (art. 1º). Siendo que todas las personas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea desarmar y/o comercializar autopartes, deben inscribirse en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC) (art. 9º). Con cuya inscripción se encuentran legalmente habilitadas para desarrollar tales actividades, debiendo cumplir con las demás obligaciones que dicha ley les fija (arts. 7º, 8º y 10º).

            Por nuestra parte, consideramos harto correcto al registro y habilitación de los desarmaderos y de las empresas que, como actividad accesoria (locales de comercio que no son principal y/o exclusivamente desarmaderos), desarmen automotores y/o comercialicen autopartes (p.ej., nuevas [[2]] y usadas, estas últimas, adquiridas y vendidas en legal forma). Dado que ello les brinda seguridad jurídica, al igual que a sus clientes, dado que se sabe del origen de la pieza de que se trate y de sus condiciones regulares de venta.

            Se ha dicho que esta ley responde a la política oficial de combatir los robos de automotores y los delitos asociados a éstos ([3]). Al parecer, en lo que aquí nos interesa, su art. 13, 2do. párrafo, de haber sido así, tiende a ello, en cuanto establece penas por el solo hecho de no cumplir con los deberes establecidos en esta ley para quienes su actividad principal, secundaria o accesoria sea el desarmado de automotores, y/o la comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores, sancionándolos con prisión de quince días a tres meses y multa de pesos diez mil a pesos doscientos mil e inhabilitación “especial” de uno a tres años ([4]).

            Ahora bien, sin perjuicio de que la sustracción de vehículos -en la Argentina y en otros países- esté vinculada, aunque no “siempre”, a la comercialización ilegal de autopartes usadas ([5]), dicho criterio no nos parece atinado, y a ese art. 13, desde un principio y aún a la fecha, lo consideramos jurídicamente objetable. Asertos que pasamos a fundar.

            Al efecto y preliminarmente, es de recordar que es sabido que, de acuerdo con Gouvert ([6]), ante la proliferación de conductas delictivas, el Estado suele ensayar legislativamente -a veces, en forma rápida, improvisada e irreflexiva- la creación de nuevos tipos penales “adaptados” a la circunstancia de que se trate, para proporcionar una ficticia seguridad y buscar efectividad en el combate de ciertas manifestaciones criminales. Tal el caso de dicho art. 13 ([7]).

            Esto último, porque no puede pasar desapercibido que de lo que aquí se trata es de una cuestión propiamente administrativa, oculta bajo una deficiente tipicidad omisiva impropia ([8]). Ya que lo que en verdad se pune no es otra cosa que un incumplimiento de las obligaciones administrativas previstas por la ley 25.761 y su reglamentación (en particular, el registro en el RUDAC). Por lo cual hubiese bastado con establecer sanciones de orden administrativo (que como tales, habrían dotado a esta ley, y en este aspecto, de mayor eficacia y operatividad), pero no así un tipo penal francamente absurdo y que nada aporta. Excepción hecha, tal vez, del eventual aumento del erario público, merced a las cuantiosas multas (a su fecha, inflación mediante a hoy, por lo menos) que, con un criterio más bien fiscalista, contempla ese art. 13.

            Lo mismo vale si se entiende que con la ley 25.761 “se buscó solucionar el vacío legal que existía en relación al mercado «negro» -ilegal- de autopartes usadas” ([9]), pudiendo decirse a favor de esta opinión ([10]) que del art. 13 en examen surge que no es preciso acreditar el origen delictivo de las autopartes. Pero, a la vez, esto evidencia que se trata de un aspecto administrativo y que la sanción (penas conjuntas) que contempla este art. 13, por ello, es desmedida.

            Y en cuanto a la finalidad atribuida a la ley 25.761, arriba mencionada, más allá de que, como se sabe, no se logró ([11]) (ni podrá obtenerse mediante pretensas normas penales carentes de toda racionalidad), es de ver que en nada “constitucionaliza” a dicho art. 13 ([12]). Por lo demás, siendo que la sustracción de automotores, cualquiera que fuese la finalidad por la cual se cometa ([13]), aún para su desarme y venta de piezas ([14]), es una muy rentable actividad delictiva (individual, en banda, tipo “empresarial”, etc.) que acontece en todo el mundo, resulta pueril creer que, con algún registro de desarmaderos y/o alguna norma penal que pretenda sancionar incumplimientos de orden administrativo, podría llegarse a disminuir o erradicar a dicho “mercado negro”. Que tal registro y un correcto y permanente control de la venta de autopartes son necesarios, sin duda alguna. Pero de allí a pretender obtener resultados mágicos, hay una distancia sideral que, al parecer, es infranqueable.

            Retornando a nuestro país y a la ley 25.761, lo que ocurrió es que el legislador quiso regular rápidamente la actividad de los desarmaderos de automotores, considerándola íntimamente vinculada con su robo, lo cual formaba parte de los reclamos sociales de seguridad y lucha contra el delito al momento de la sanción de dicha ley. Pero para combatir a estos delitos, bastaba y basta con las normas del Código Penal referentes al hurto y al robo de automotores (arts. 163, inc. 6º, y 167, inc. 4º) y a la adulteración de sus piezas (art. 289, inc. 3°), sin descartar, más allá de la participación criminal que pudiera haber (arts. 45 y 46), a las figuras de los delitos de asociación ilícita (arts. 210 y 210 Bis) y de encubrimiento (arts. 227 y 279) ([15]) -que si bien son perfectibles, no requieren de reformas monumentales ([16])-, sin necesidad de establecer cuestionables sanciones penales para el incumplimiento de obligaciones administrativas (en ocasiones, por lo menos en sus inicios, debidas a la morosidad o a excesivas exigencias formales del ente registral).

            Ello así, es de ver que los tipos penales que (desafinadamente) compuso la ley 25.761 en su art. 13, fueron tratados en su totalidad como delitos de peligro abstracto. Expliquemos esto. Al decir de Sancinetti ([17]), los “delitos de peligro abstracto son aquellos en que el legislador asocia a una clase de comportamientos el estigma de peligrosos, según cualidades generales de ese caso, desentendiéndose de sí, en el caso concreto se derivó un riesgo real para el objeto de ataque”. Y como cualquier otra tipificación penal, las efectuadas bajo la invocación de esa clase de peligros están sujetas al control de constitucionalidad ([18]).

            Luego, si bien es cierto que la actividad desplegada por los desarmaderos de automotores puede estar vinculada con la sustracción de éstos (y sólo “puede”, ya que afirmarlo sin más importa un preconcepto que estigmatiza a los comerciantes honestos), en sí misma considerada, no puede tildársela de peligrosa bajo ningún concepto. Y menos aún podría así considerarse a la sola comercialización de piezas usadas de rodados sin estar registrado en el RUDAC. Lo cual no habilita de suyo a tipificar penalmente conductas que no cumplan con esa regulación, si de ellas no se desprende la existencia de un peligro concreto o abstracto directamente vinculado a un bien jurídicamente protegido. Y esto es lo que ocurre aquí, donde el incumplimiento de las obligaciones administrativas previstas por la ley 25.761 no puede generar, en sí misma, peligro alguno para ningún bien jurídico. Más genéricamente, no se aprecia una conexión nítida entre la eventual inobservancia de dichas obligaciones y la afectación de bienes jurídicos concretos, y aún, ampliamente estimados, en particular, la seguridad común.

            Por ello, la venta de autopartes usadas sin estar registrado, mal puede ser considerado, sofísticamente y a priori, como un paso que se sigue de la sustracción de automotores (máxime si el imputado presenta facturas de compra de las piezas) ([19]), y la conexión que puede haber entre un supuesto y otro, si bien puede existir, no permite dar por acreditada la peligrosidad de la actividad en sí misma como para sujetarla a un régimen penal, que como es sabido, debe regir como herramienta de ultima ratio para el cumplimiento de fines estatales. De igual modo, si de intentar evitar el “mercado negro” de autopartes se trata, ello mediante los registros en el RUDAC y la identificación de las piezas comercializadas, la sanción penal también luce excesiva, dado que se pretende punir más allá de lo razonable. Porque de una infracción administrativa de orden, no puede razonablemente seguirse una sanción penal.

            Consecuentemente, cabe concluir que el legislador, en su afán de dar respuesta a los reclamos sociales de anterior mención, a más de ciertas cuestiones judiciales -más bien de índole procesal, pero de orden constitucional- ([20]) que generó la aplicación de la ley 25.761 (algunas ya superadas, en general [[21]] o en algunas jurisdicciones) ([22]), sancionó un tipo penal que resulta claramente violatorio del principio de inocencia garantizado en el art. 18 de la Constitución Nacional (C.N.) y por diversas normas de fuente originariamente internacional, que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22º, C.N.) ([23]).

            Ello por cuanto, frente al incumplimiento de determinadas obligaciones administrativas previstas en la ley 25.761, creó una grosera “presunción de ilicitud” respecto de quienes realizan una actividad que por sí misma, no genera un peligro concreto o abstracto directamente vinculado a un bien jurídico protegido. Y de allí que nuestra mejor jurisprudencia, por ésta y por otras razones ([24]), haya declarado la inconstitucionalidad de dicho art. 13 ([25]). Prudente criterio del cual no se advierte que tenga alguna incidencia un cierto incremento “del índice de robo de automotores posterior al año 2004” ([26]).

            En suma y en otros términos, la falta de inscripción en el RUDAC no genera ni podría generar, en sí misma, un peligro concreto para ningún bien jurídico. De allí que, en razón de la inconstitucionalidad de referencia y como ya se dijo, no se trata aquí de una materia propia del Derecho Penal (bien entendido), sino de una cuestión administrativa. Con cuya absurda tipificación penal lo único que se ha logrado en concreto es generar un auténtico dispendio procesal inútil, atosigando a los órganos jurisdiccionales con causas que, en general, difícilmente puedan prosperar. Salvo que se parta apriorísticamente de la erística premisa de que todas las autopartes proceden de un delito anterior, ello en franca contradicción con el estado de inocencia consagrado por el art. 18, C.N., receptado en todas las normas procesales que responden al principio in dubio pro reo. Siendo que lo anterior, huelga decirlo, es materia de prueba, no así de preconceptos.

            Es más, si se analiza a este art. 13 conforme a las normas que versan acerca de la prescripción de la acción penal, también se advierte de su incoherencia.

            El momento inicial para comenzar el cómputo del transcurso del tiempo de esta prescripción se encuentra determinado por el art. 63 del Cód. Penal ([27]), y sus plazos, están contemplados en su art. 62. El cual, en lo que aquí nos interesa, dice: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:… 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años; / 3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; / 4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; / 5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa”.

            Y así, si llevamos esta norma a las penas previstas por el art. 13 en cuestión, considerándolas por separado, ocurre que la escueta pena de prisión que estipula, de un máximo de tres meses, prescribiría a los dos años, lo cual, “por contraste” de tiempos, no parece razonable. Este art. 13 no habla de inhabilitación perpetua o temporal, sino de inhabilitación “especial” (de uno a tres años), extraña voz a la cual cabe entender como inhabilitación temporal, y aquí la prescripción sería menor que el máximo que se contempla, y en cuanto a la multa, el término también sería aquí de dos años. Pero si se sigue al criterio de la Cámara Federal de Casación Penal para los casos en que un delito es reprimido con diferentes especies de pena (aquí, conjuntas), de tener que estarse a la cualitativamente más grave, según el orden de prelación establecido en el artículo 5° del Código Penal (reclusión, prisión, multa e inhabilitación) ([28]), si se entiende que una pena de prisión de tres meses sería “más gravosa” que una inhabilitación por tres años (con el consecuente menoscabo patrimonial), podría sostenerse que la prescripción es de dos años. Interpretado a la inversa, el plazo sería de un año. Pero con la multa del caso, estaríamos nuevamente en dos años. O sea que, con independencia del monto de esa multa, esto es lo que definiría la cuestión. Sea como fuere, es demasiado engorroso, y lo aquí dicho vuelve a acreditar que este art. 13, en cuanto pretende sancionar penalmente al incumplimiento de obligaciones administrativas, es jurídicamente irrazonable ([29]).

            Ahora bien, dado el largo tiempo de vigencia de la ley 25.761 y, por tanto, estando sobrentendido que sus normas son hoy bien conocidas, cabe preguntar si aún correspondería considerar (y declarar) inconstitucional al art. 13 en examen. Entendemos que sí, porque el transcurso del tiempo no purga ni purgó ni puede purgar a sus vicios de origen. Por lo tanto, creemos que ese art. 13 debería ser derogado (así también, aunque se lo considere constitucional, dada la jurisprudencia notoriamente contradictoria que ha generado, con la consecuente inseguridad jurídica que ello reporta), estableciéndose en su lugar una norma inicialmente libre de la tacha de inconstitucionalidad, y que permita un mejor desempeño al RUDAC y demás entes administrativos de contralor. Habilitándolos para imponer multas y/o clausuras (sanciones administrativas), conforme a la gravedad del incumplimiento (infracción administrativa) de que se trate. Y tal vez, en artículo aparte, estableciendo una sanción penal (preferentemente, inhabilitación) para quienes reincidan dolosamente en dichas infracciones. Pena que, en estas condiciones, no advertimos que fuese capaz de generar agravio constitucional.

([1]) Toda esta normativa (actualizada) puede consultarse aquí:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=926DBE903B8ACE4D569B9A861F89FD68?id=87496

([2]) Leyes 21.932 (de producción e importación de autopartes), 26.393 (de desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional) y 27.263 (de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino).

([3]) P.ej., en los inicios de los considerandos de la Resolución 196/2006, dada por la Secretaría de Seguridad Interior (B.O. 24/05/2006), se dice que con la ley 25.761 (y el Decreto 744/2004, es de entender), “se busca avanzar en el combate contra el robo de vehículos automotores y el mercado consecuente de comercialización ilegal de los mismos y de sus piezas”. De lo cual se sigue que serían esas dos, así vinculadas, las cuestiones a atender.

([4]) “Aquellas personas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el desarmado de automotores y/o la comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores, e incumplieren lo dispuesto en la presente ley, serán penadas con prisión de quince (15) días a tres (3) meses y multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años”.

([5]) Ver Rodríguez, Estaban: La sustracción de vehículos y el tráfico ilegal de autopartes usadas en Argentina. Delitos de pobres, poderosos y sectores medios, en “Delito y Sociedad”, Vol. 1, Nº 35, UNL, Santa Fe, 2013, ps. 49/83

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/DelitoYSociedad/article/viewFile/5681/8429

([6]) Gouvert, Juan F.: Los reparos jurisdiccionales a la ley nº 25.761, publicado originariamente, hace años, en http://new.pensamientopenal.com.ar/16092008/doctrina03.pdf (sitio que a la fecha no hemos podido localizar), y reproducido (Published on Oct 7, 2011), en:

https://issuu.com/fabasto/docs/los_reparos_jurisdiccionales_a_la_ley_n__25

([7]) Lo mismo pude decirse con respecto a algunos proyectos de ley (al parecer, diagramados en “sesión trasnoche”), que, con desconocimiento supino de la realidad social y económica (p.ej., las relaciones de todo tipo, existentes entre las compañías de seguros y los desarmaderos), de actividades tales como las que desempeñan, entre otras empresas del ramo, CESVIAUTO (http://www.cesviauto.com.ar/ p.ej.: http://www.seccionnorte.com.ar/mobile/cesviauto-ya-proceso-40-mil-vehiculos-aid5664.html 21/02/2018) y la generalidad de los autopartistas serios, y aun de otros cuerpos normativos, tales como la ley 26.938 (de “Producción y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular”), se les ocurrió prohibir “en todo el territorio nacional, la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores, como así también el desarmado de un automotor para la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos y/o accesorios”, proponiendo alegremente a tal fin la derogación de la ley 25.761 y penas absurdas: “Será reprimido con prisión de cuatro (4) a doce (12) años quien, en violación de la presente ley, comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores. Idéntica pena le corresponderá a quien desarme un automotor para la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos y/o accesorios. / Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores.”). El proyecto que, a modo de ejemplo (de lo que no se debe ni debería “proyectar”), que aquí citamos, data del 2016 (S-5029/16) www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/385672/downloadPdf

([8]) Mientras que el art. 13 de la ley 25.761 alude genéricamente a “personas”, sin otra aclaración, otros preceptos suyo refieren a personas “físicas o jurídicas” (sujeto punible indeterminado), y además, el círculo de personas (de ambos tipos) al que alude su art. 1º (quienes proceden al desarmado de automotores y quienes comercialicen repuestos usados) es “ampliado” por dicho art. 13: quienes se dedican al transporte y almacenamiento de dichas piezas (si se sigue textualmente a esta norma, todas las empresas de trasporte de personas y/o cosas deberían inscribirse en el RUDAC, ya que, a sabiendas o no, suelen llevar embalajes que contienen repuestos usados), infringiendo así al principio de legalidad (art. 18, C.N.). Véase al prolijo análisis efectuado por el Dr. Mauro a Divito (y los argumentos en contra, dados en el voto del Dr. Juan E. Cicciaro) en la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CNCC), Sala VII, 17/03/2011, “M., J.”, https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00004/00043194.Pdf, en la cual, por un lado, se declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad de este art. 13, y por el otro, se revocó al sobreseimiento dado en primera instancia, a fin de profundizar la investigación penal, por cuanto, en el local allanado, se habían detectado varias trompas de chasis con su numeración erradicada y un motor con irregularidades en su numeración. De donde se sigue que la declaración de inconstitucionalidad en cuestión no obsta (es obvio), de haber mérito para ello (tal como aconteció en este caso), para la continuación de dicha investigación.

([9]) Iglesias, Mariano H.: Declaración de Inconstitucionalidad del art. 13, segundo párrafo, de la Ley 25.761: ¿control de constitucionalidad o acto de suma gravedad institucional?, Rev. “El Derecho  Penal. Doctrina y Jurisprudencia”, Nº 3, Bs. As., 2015, ps. 5 y ss.  Por el contrario, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, “Caja de Seguros S. A. en J° 250632/52110 Sánchez Daniel Gabino c/ Caja de Seguros S. A. p/ Daños y perjuicios p/ Recurso extraordinario de inconstitucionalidad-casación”, 31/07/2016, entiende que la ley 25.761 “y su Decreto Reglamentario 744/2004 responden a la necesidad de desarrollar políticas de Estado tendientes a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas con la sustracción de automotores, que últimamente han afectado gravemente la seguridad de las personas”.

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5587091986

([10]) Si bien aludiendo a la sustracción de automotores, se ha dicho que “del espíritu de la Ley Nº 25.761 se vislumbra que el legislador ha pretendido evitar ampliamente mediante su sanción el riesgo que implica el comercio de autopartes sin la satisfacción de los recaudos administrativos pertinentes y preestablecidos en la misma norma, pues tiene exclusivo sustento en la negociación de mercaderías que pueden proceder de la sustracción de los automotores y su posterior desguace o bien de los actos dañosos para el apoderamiento de las piezas separadas que los constituyen, en especial los vehículos dejados en la vía pública. A su vez, el legislador también ha querido conjurar el riesgo de que el producto de esta modalidad delictiva sea introducido en el comercio neutralizando con la sanción de la norma esta posibilidad, pues sólo aquellos repuestos o autopartes que cumplan con los requisitos administrativos para garantizar la legalidad de su origen podrán ser puestos en debida circulación, excluyendo del mercado a los que estén imposibilitados de satisfacer estos extremos por su procedencia espuria y además los que pueden poner en riesgo, por sus deficiencias, la seguridad en el tránsito”. CNCC, Sala IV, 14/3/2012, “Mirkin, Carlos A. y otros” https://cdconsejo.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/4_delitos_vinculados_a_materia_de_competencia_publica_local_-_desarmadero_de_automotores_y_venta_de_sus_autopartes.pdf

([11]) P.ej., ver y cotejar: http://www.lanueva.com/nota/2011-4-28-9-0-0-la-lucha-continua (28/04/2011), http://www.diariolatercera.com.ar/nota/5652-desarmaderos-la-tentacion-para-el-delito-automotor/ (23/09/2013), http://www.perfil.com/policia/un-nuevo-mercado-que-crecio-por-la-falta-de-importaciones-desarmaderos-vip.phtml (05/08/2016), https://www.fiscalias.gob.ar/project/nuevo-operativo-contra-la-venta-ilegal-de-autopartes/ (10/08/2017) y https://www.clarin.com/policiales/desbaratan-negocio-ilegal-autopartes-100-millones-pesos_0_SJJ1sCO0W.html (02/11/2017).

([12]) Iglesias, ob. cit. en la nota (9) -al igual que algunos fallos que cita- lo considera constitucional, opinando además que las consecuencias de su declaración de inconstitucionalidad serían las siguientes: “A menos que se pruebe que una autoparte usada pertenecía a un automóvil robado o hurtado, con lo cual se acreditaría el delito de encubrimiento, su venta ilegal no constituye ningún tipo de delito. Es decir, materialmente, volvimos al estado anterior a la sanción de la Ley 25.761, durante el cual el vacío legal favorecía la situación”. Uno de dichos fallos fue dado por la CNAC, Sala VII, 5/4/2013, “A. A., A.” http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos36322.pdf, y si bien en él se consideró que el art. 13 en análisis no sería inconstitucional, es de ver que el denunciado exhibía en su local, para su venta, distintos repuestos usados para automotores con los pertinentes stickers pegados, conforme lo que exige la normativa en cuestión, pero el permiso para desempeñar esta actividad le había sido revocado tiempo atrás por el RUDAC. Como fuere, aunque aquél así bien sabía que se encontraba en infracción, su procesamiento penal nos parece desmedido. El mismo fallo (c. 21.379/12, “Ángeles Acosta, Antonio”) puede verse en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional: Boletín de jurisprudencia (1er. Semestre de 2013), ps. 52/53 https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00004/00067193.Pdf

([13]) “El robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización que afecta a todas las regiones del mundo y está claramente vinculado con la delincuencia organizada y el terrorismo. El robo de vehículos no siempre es un fin en sí mismo, ya que los automóviles robados también son objeto de tráfico para financiar otros delitos, o pueden utilizarse para transportar bombas o perpetrar otras actividades delictivas.” https://www.interpol.int/es/Criminalidad/Robo-de-vehículos/Robo-de-vehículos

([14]) P.ej., para la situación de la República Bolivariana de Venezuela, ver http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/escasez-repuestos-incita-robo-hurto-vehiculos_200858 (28/08/2017). Desarme y venta de piezas mediante, amplíese consultando a Mayorca, Javier I.: Manual de prevención del robo y hurto de vehículos: El caso Venezuela, Asociación Civil Paz Activa, Caracas, Venezuela, 2015  http://observatoriodot.org.ve/cms/images/documentos/odo-manual2-carros-web.pdf

([15]) Puede también entenderse que, de insertarse piezas adulteradas en algún automotor y venderlo como si estuviese “limpio”, se comete algún tipo de defraudación con respecto al comprador de buena fe (art. 173, Cód. Penal).

([16]) P.ej., en la lista de asuntos entrados del Senado de la Nación del 25/08/2010 (www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/sesion25-08-10…/downloadEntrados) se menciona a un proyecto de ley “sobre el hurto y robo de vehículos automotores (S. 2561/10)” (p. 19), el cual, en términos técnico-penales bastante ajenos a nuestra dogmática y legislación penal (lo único que observaremos, pues para más no da), propuso una reforma muy “amplia” con nuevos tipos penales específicos (www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/294917/downloadPdf), reiterando casi textualmente, si bien con algún que otro retoque (y de aquí lo antedicho con respecto a su curiosa letra), a la mayor parte del articulado de la “Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores” de Venezuela (Gaceta Oficial N° 37.000 del 26/07/2000) http://registronacional.com/venezuela/ley/ley-sobre-el-hurto-y-robo-de-vehiculos-automotores.htm Ley especial esta última que, al parecer y en parte, ilustró a la reforma del Código Penal de la República de El Salvador, efectuada por el Decreto Nº 347 de la Asamblea Legislativa de este país, publicado en su “Diario Oficial” de fecha 03/05/2016 (http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2016/05-mayo/03-05-2016.pdf https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/C0AB56F8-AF37-4F25-AD90-08AE401C0BA7.pdf). Lo cual, de ser así, demuestra que el correcto empleo del Derecho Comparado reviste utilidad.

([17]) Sancinetti, Marcelo: “Tipos de peligro en las figuras penales”, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 7, Nº 12, Ad-Hoc, Bs. As., 2001, p. 147 y ss.

([18]) A su respecto y en general, p.ej., ver Carnota, Walter F. y Maraniello, Patricio A.: Derecho Constitucional, Edit. La Ley, Bs. As., 2008, ps. 46 y ss.

([19]) Ver el caso reseñado por Gouvert, ob. cit. en la nota (6).

([20]) P.ej., en materia de (insólitos) allanamientos ordenados en actuaciones administrativas (CNCC, Sala V, 9/9/2011, “S., E. G. s/ infracción Ley 25.761” http://derechopenalonline.com/allanamiento-fundamentacion-ley-25-761-de-desarmaderos-proceso-administrativo-direccion-nacional-de-fiscalizacion-de-desarmaderos-y-autopartes/) y “secuestros” de mercaderías efectuados en su ocasión (ver Gouvert, ob. cit. en la nota [6]), incluyendo la conservación de autopartes secuestradas (cuya destrucción había sido dispuesta) para ser peritadas: CNCC, Sala IV, 25/11/2011, “J., G. E. s/ Destrucción de autopartes” https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00009/00043478.Pdf

([21]) P.ej., si se trataba de un delito de competencia federal u ordinaria. Cuestión resuelta por la CSJN, C. 83. XLV, 04/05/2010, “Zanni, Santiago y Kloher, Claudio s/ Inf. art. pta. comisión delito ley 25761”,  Fallos, 333:589; C. 667. XLVI, 05/04/2011, “Bernardis, Gustavo Alexis s/ infracción ley 25.761 (autopartes usadas La Ruta) Trelew, Chubut” https://ar.vlex.com/vid/-271636382; C. 767. XLVII, 13/02/2012, “Evers, José Eduardo y Masurski, Claudio Daniel s/ infracción ley 25.761” https://ar.vlex.com/vid/-361464766, determinando que se trata de causas que son de competencia de los Tribunales ordinarios.

([22]) Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, 23/08/2010, “Ferenese, Carlos Alberto s/ recurso de casación” http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos28435.pdf, rechazando el planteo de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes en una causa en la cual la fiscalía, por entender que las conductas denunciadas no encuadran en figura penal alguna, había postulado el sobreseimiento del imputado (quién, al momento de la inspección poseía en trámite la habilitación en el RUDAC) -en ese sentido se había expedido el juez instructor-, señalando este Tribunal que como la titularidad directa y exclusiva de la acción penal pública está reservada a los fiscales, habría aquí una intromisión del Poder Ejecutivo en la misión propia y específica del Ministerio Público de la Nación, siendo que su actuación como querellante sólo puede ser dependientes de la acción del fiscal. Por su parte, la CNCC, Sala VII, 18/08/2011, “D., E.”, además de fundar su decisorio en el caso antes aquí citado, consideró que dicha Dirección carece de legitimación para ser tenido por parte, dado que las facultades que le otorga del Anexo I, inc. 7 y 8, del Decreto 3662/08, en modo alguno pueden identificarse con la posibilidad de querellar. http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/31531-querella-director-nacional-fiscalizacion-desarmaderos-y-autopartes-ausencia

([23]) A saber: “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, art. XXVI, párr. 1ro.; “Declaración Universal de Derechos Humanos”, art. 11.1., “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José de Costa Rica), art. 8.2., in limine; “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, art. 14.2.

([24]) La violación a los principios de legalidad (art. 18, C.N.) y de lesividad (art. 19, C.N.), temas pulcramente tratados por el Dr. Divito en su voto dado en la sentencia citada en la nota (8).

([25])  Ver la sentencia citada en la nota (8). Además: CNCC, Sala V, 19/03/2010, “Castagnaro, Luis Paulino y otros”, 13/10/2010 “González, Osvaldo César y otros” y 01/03/2013, “Pera, Héctor P.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional: Boletín de jurisprudencia (1er. Semestre de 2010), ps. 90/91, https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00017/00039222.Pdf (en sus ps. 70/81, obra la primer sentencia aquí recordada: “Muggeri, Juan”), y Boletín de jurisprudencia (2do. Semestre de 2010), ps. 67/69 https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00042973.Pdf y Boletín de jurisprudencia (1er. Semestre de 2013), cit. en la nota (12), ps. 52/53.

([26])  Iglesias, ob. cit. en la nota (9): “El descenso de los robos” (de automotores, entre el 2003 y el 2004, dice) “obedeció, sin lugar a dudas, al control que el Poder Ejecutivo Nacional pudo materializar al amparo de la legislación de trato. La fiscalización del mercado de autopartes usadas y las consecuentes sanciones (administrativas y penales) previstas en la ley y aplicadas en sede administrativa y penal desalentaron el mercado negro de autopartes. / Sin embargo, comenzó a surgir -junto con alguna doctrina- cierta jurisprudencia, que declaraba la inconstitucionalidad del Art. 13, segundo párrafo, de la Ley 25.761, y empezó a incrementarse a la par del índice de robo de automotores posterior al año 2004”.

([27]) “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse”.

([28]) P.ej., Sala III, “TRADEFIN S.A. s/ recurso de casación”, 18/09/2012

https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00009/00058406.Pdf

([29]) En general, ver Carnota y Maraniello, ob. cit., ps. 149 y ss.; Cayuso, Susana: “La aplicación del principio de razonabilidad y las limitaciones de los derechos fundamentales”, en Farinati, Alicia N. (Coordinadora): El valor justicia en la convivencia democrática, Ediar, Bs. As., 2000, ps. 179 y ss.

Ensayo jurídico completo: Luis G. Blanco – Acerca de la inconstitucionalidad del art. 13 de la ley 25.761 – CIDePA 2018

*Abogado UBA – Profesor ISEP Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe