Baja con recuperación de piezas: El ingenuo parecer normativo

La letra fría de algún articulado que hace referencia a lo que se debe, y lo que en la practica se hace, pareciera ser una constante, que en el universo jurídico estas tienden a colisionar, y en el aforismo del deber ser y el ser, el Digesto de Normas Técnico Registral (DNTR), no es la excepción.

ALTA Y BAJA DE MOTOR:

En su Titulo II Cap. III Sección 7º articulo 3 acápite g – 3, el DNTR reza textualmente: En caso de que alguna de las piezas indicadas en los puntos 1.- y 2.- precedentes provinieran de un trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas y, por tanto, identificadas con los pertinentes elementos identificatorios que den cuenta de ello, el interesado deberá presentar la o las facturas emitidas por el o los desarmaderos intervinientes de las que surjan los números de los elementos identificatorios correspondientes a las piezas utilizadas para el armado del motor. En el caso de motor semiarmado (incluye block y tapa de cilindros), la factura deberá consignar además el número grabado en el block. En este supuesto, además de la numeración grabada, la verificación policial deberá dejar constancia de que el block del motor se encuentra identificado con su respectivo elemento identificatorio, en concordancia con la factura de compra.

Y en su articulo 4º acápite b, Una declaración jurada con firma certificada del peticionario del trámite, en la que se deje constancia que en el armado del nuevo motor se han utilizado las piezas del motor anterior con excepción del block que se ha reemplazado por uno nuevo.

ANALICEMOS: 

                           1- El motor semiarmado como concepción ingenieril es Sin tapa de cilindros; en este caso se le ha cambiado el sentido como a muchas de las cosas para la conveniencia del comercio, no obstante eso;

                           2- Porque los encargados de registro solicitan la declaración jurada donde el usuario declara haber utilizado los componentes (alternador, bobina, bomba de agua, aceite, compresor, módulo, etc.), del motor anterior; si en la factura figura todos los componentes que debe llevar un motor COMPLETO, para su inmediata instalación y funcionamiento. A no ser que halla motores que funcionen con dos componentes que cumplan la misma función, y lo desconozca.


LES VOY A EXPLICAR COMO FUNCIONA ESTO:

Al usuario le compran el motor que se fundió, o lo toman como parte de pago del motor “semiarmado” que compra en el desarmadero, este ya viene hasta con las mangueras del auto dado de baja con recuperación de piezas, no le sacan ni el aceite. Y con un estado ausente, dejandole la potestad de contralores a los propios comerciantes, es lógico que se vendan los cristales, mordaza de frenos, campana, discos, amortiguadores, barra de dirección, caja de dirección y hasta el aire de las cubiertas. En contrapunto con lo connotado en el Decreto 744/04.

Sería atinado, que si esto es una practica habitual en todos los desarmaderos del país, por lo menos proporcionarle al usuario la seguridad y garantía que los repuestos usados extraídos de los vehículos dados de baja con recuperación de piezas, tengan una homologación, por autoridad competente (Universidad Tecnológica Nacional Por Ej.), como lo describe el Art. 28 5to. párrafo de la ley 24.449: Las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo para las que se normalice un proceso de acondicionamiento y se garanticen prestaciones similares al original.

Entonces se estaría resolviendo el 90% del reciclaje del automotor dado de baja con recuperación de piezas, siendo mas amigable con el medio ambiente, idiosincrasia que ha tomado la comunidad europea hace ya años, y ha resuelto en mayor medida las controversias normativas. 

UN DESATINO, EL ANTEPROYECTO PICHETTO.

Con este anteproyecto que ya tiene media sanción en senadores, y busca su aprobación en diputados; lo que se va a lograr que proliferen los desarmaderos clandestinos, y los deliverys de repuestos de procedencia ilícita, las compañías aseguradoras No darán de baja los vehículos; y los “Gitanos” compraran los papeles. Y los centros de reciclaje, se convertirán en “desarmaderos”, no inscriptos, que no tributan. “Negocio redondo”

TEXTO DEL ANTEPROYECTO:

TEXTO DE LEY (Aprobado) Media Sanción

“ARTICULO 1°.- Queda prohibida, en todo el territorio nacional, la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores o motovehículos, como así también el desarmado de un automotor o motovehículo para la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos y/o accesorios, sin la debida autorización legal.

ARTICULO 2°.- La autoridad competente procederá, en los casos en que correspondiere con la debida orden judicial y labrando las actuaciones pertinentes, a la clausura definitiva de todos los locales, depósitos, galpones y cualesquiera otros lugares que funcionen como desarmaderos de automotores o motovehículos, sin la debida autorización legal.

ARTICULO 3º.- La autoridad competente procederá a la inmediata clausura, con la pertinente intervención judicial si correspondiere, de todos los comercios minoristas que, no guardando relación con su rubro principal, ofrezcan o publiciten la venta de equipos de audio u otra clase de accesorios usados, destinados al equipamiento de automotores o motovehículos.

ARTICULO 4°.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que:

a) En violación de la presente ley, comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores o motovehículos, sin la debida autorización legal;

b) Sin estar legalmente habilitado a tal fin, desarme un automotor o motovehículo para la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos y/o accesorios usados.

c) Compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores o motovehículos, en locales o a personas que no cuenten con la correspondiente autorización legal para ello.

ARTICULO 5º.- Será reprimido con pena de prisión de TRES (3) a SEIS (6) años el que, tras la comisión de delito de robo de automotor o motovehículo en el que no hubiera participado:

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones relacionadas con la comercialización, transporte o almacenamiento de autopartes, repuestos o accesorios usados del automotor o motovehículo robado, llevadas a cabo por la autoridad competente.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer autopartes, repuestos o accesorios usados del automotor o motovehículo robado, o cooperare con el autor o partícipe en el ocultamiento, alteración o desaparición de los mismos.

c) Adquiriere por cualquier título, autopartes, repuestos o accesorios usados del automotor o motovehículo robado.

ARTICULO 6º.- En los supuestos del artículo anterior:

a) Se impondrá pena de prisión de TRES (3) a OCHO (8) años si el robo del automotor o motovehículo se hubiere perpetrado mediante el empleo de arma de fuego o con la intervención de menores de edad en los términos de los artículos 41 bis y 41 quater del Código Penal; o si la violencia empleada hubiere causado a la víctima o a terceros las lesiones previstas en los artículos 90 o 91 del Código Penal;

b) Se impondrá pena de prisión de CINCO (5) a DIEZ (10) años si la violencia empleada en el robo del automotor o motovehículo hubiere causado la muerte de la víctima o de terceros.

ARTICULO 7º.- Será reprimido con pena de prisión de UNO (1) a SEIS (6) años el que asegurare o ayudare a asegurar el producto o provecho de la comercialización, transporte y/o almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotor o motovehículo, a sabiendas de la proveniencia ilícita de dicho producto o provecho.

La misma pena se aplicará a quien, encontrándose debidamente autorizado para comercializar, transportar o almacenar autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores o motovehículos no justificare la procedencia lícita de la totalidad o parte del stock. A tal fin, la autoridad de contralor se encuentra facultada para requerir del comercio la documentación respaldatoria que acredite el origen lícito del acervo existente.

En el supuesto del párrafo precedente, si no se contara con la debida autorización legal, el mínimo de la pena será de DOS (2) años de prisión.

ARTICULO 8º.- Será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años el que tomare parte en una asociación ilícita o banda de TRES (3) o más personas destinadas a cometer delitos vinculados con la comercialización, transporte almacenamiento de autopartes, repuestos o accesorios usados de automotor o motovehículo, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación.

La pena será de CUATRO (4) a DOCE (12) años de prisión cuando la asociación ilícita mencionada en el párrafo precedente posea al menos una de las siguientes características:

a) Estar integrada por SEIS (6) o más individuos.

b) Poseer una organización militar o de tipo militar.

c) Estar integrada, de cualquier manera, por uno o más funcionarios públicos o agentes de las fuerzas armadas o de seguridad.

d) Tener una estructura celular o estar provista de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo.

e) Recibiere colaboración de funcionarios públicos.

ARTICULO 9º.- En todos los delitos tipificados en los artículos precedentes, si el autor o partícipe fuera, al momento del hecho, funcionario público, el mínimo y el máximo de la pena se incrementarán en un tercio. Este agravante no se aplicará en el supuesto previsto en el artículo 8º segundo párrafo inciso c) y e).

Asimismo, cuando el autor o partícipe fuera comerciante, se impondrá pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

En todos los casos, el dictado de sentencia condenatoria conllevará el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en los términos del artículo 23 del Código Penal.

ARTICULO 10.- La Secretaría de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley y de sus normas reglamentarias.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia del cumplimiento de la presente ley y de sus normas reglamentarias.

Sin perjuicio de la competencia atribuida a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad de aplicación nacional podrá ejercer las tareas de control y vigilancia del cumplimiento de la presente ley y de sus normas reglamentarias en todo el territorio nacional.

ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo procederá a implementar un método de regularización de autopartes, repuestos y accesorios usados de automotores y motovehículos existentes, con el objeto de adecuar a la presente ley la comercialización de tales piezas y normalizar la situación de todos los locales, depósitos, galpones y cualesquiera otros lugares que funcionen como desarmaderos de automotores.

ARTICULO 12.- Establécese el procedimiento de grabado de un número de serie identificatorio de aquellas autopartes, repuestos y accesorios usados que fije la reglamentación. Este procedimiento deberá realizarse en las plantas designadas a tal fin por las respectivas autoridades de aplicación.

ARTICULO 13.- El grabado mencionado en el artículo precedente se hará a través de las empresas concesionadas y autorizadas por las autoridades de aplicación. Una vez reglamentada la presente ley, dichas autoridades habilitarán sendos registros para la inscripción de las empresas interesadas en realizar dicho procedimiento de grabado.

ARTICULO 14.- Instrúyese al Ministerio de Industria para que, por intermedio de las estructuras institucionales pertinentes, arbitre las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento, en todo el territorio nacional, de autopartes, repuestos y accesorios de automotores, incluyendo, en caso de verificarse faltantes, la instrumentación de procedimientos que faciliten su producción en el país o, de no ser ello posible, su importación.

ARTICULO 15.- Encomiéndase al Ministerio de Industria y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que, en el plazo de NOVENTA (90) días de promulgada la presente, elaboren un informe de situación respecto del parque automotor nacional, con las correspondientes sugerencias y costos fiscales implicados, para su renovación gradual. En las oportunidades previstas en el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros informará al Honorable Congreso de la Nación acerca de las políticas sugeridas y costos fiscales implicados, para promover la renovación gradual del parque automotor nacional.

ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo, a través de las estructuras institucionales pertinentes del MERCOSUR, deberá promover entre los países miembros, plenos y asociados, la implementación de regímenes de incentivos para la fabricación de autopartes y la instrumentación de políticas coordinadas de fiscalización en las fronteras internacionales compartidas, para impedir el contrabando de automotores, motovehículos y sus autopartes, repuestos y accesorios.

ARTICULO 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de NOVENTA (90) días de su promulgación.

A los fines de la autorización legal prevista en la presente ley, la reglamentación definirá los requisitos exigibles para comercializar, transportar y almacenar autopartes, repuestos o accesorios usados de automotores o motovehículos, y para desarmar automotores o motovehículos a los fines de la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos o accesorios.

Asimismo, establecerá el procedimiento de grabado del número de serie identificatorio de autopartes, repuestos y accesorios usados de automotores y motovehículos; indicará las autopartes, repuestos y accesorios usados que deberán someterse al procedimiento de grabado de un número de serie identificatorio; y fijará los requisitos a cumplir por las empresas para ser autorizadas a los fines de efectuar dicho procedimiento.

ARTICULO 18.- La Ley Nº 25.761 quedará derogada en la oportunidad en que entre en vigencia la reglamentación de la presente ley, a dictarse por el Poder Ejecutivo en los términos previstos en el artículo anterior.

ARTICULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Tanto el Gobierno Nacional como este Congreso se encuentran abocados a la tarea de disminuir los altos índices de comisión de delitos, avanzando sobre todas sus causas.

Dentro de ese panorama, la problemática de los desarmaderos de automóviles y su vinculación con el creciente robo de automotores y el homicidio derivado de ese delito, viene ocupando la agenda pública desde hace tiempo.

Este Congreso ha sancionado en el año 2003 la ley Nº 25.761, por la que se regula la actividad de los desarmaderos de automotores y venta de sus partes, en un claro intento de ponerle fin a una actividad que, desarrollada ilegalmente, ya ha costado muchas vidas.

La legislación provincial, más específicamente la de la Provincia de Buenos Aires, también ha captado la preocupación de sus autoridades, que han visto cómo su territorio se fue convirtiendo, paulatinamente, en emplazamiento de gran cantidad de desarmaderos, galpones, talleres y cualesquiera otros lugares donde proceder, en contados minutos, a la reducción de los automotores producto de ilícitos.

No obstante las medidas adoptadas, se advierte que el lucro resultante de esta actividad ilícita es de tal magnitud y de tan inmediata concreción, que requiere de medidas aún mas contundentes, para ponerle fin en el corto plazo y terminar, en forma definitiva, con el alto grado de significación que la delincuencia atribuye a este delito.

En ese sentido, la realidad indica que deben extremarse las medidas para desalentar la actividad ilícita de venta de autopartes y de repuestos usados, en la medida que dicha actividad constituye la principal causa del alto índice de robos de automotores y de homicidios en ocasión de robo, y el por qué de la existencia de muchos de los desarmaderos u otros lugares donde proceder al desguace de los autos robados y canalizar, para su venta, el producto ilegal resultante.

Las vidas humanas en juego y a merced de esta actividad tan peligrosa, ameritan estrechar el cerco a una delincuencia que, en forma organizada y muchas veces amparada en la complicidad policial, ve en el robo de autos una solución más que lucrativa a sus necesidades.

La Constitución Nacional no garantiza el ejercicio de industria ilícita alguna. No existe un derecho a comerciar a expensas de la propiedad, de la seguridad y de la vida ajena.

Sobre esa base, esta iniciativa propone poner fin a la actividad ilícita de los desarmaderos en cuestión, con el propósito de desalentar el robo de automotores a gran escala y con destino a un aprovechamiento ilícito de sus partes, y evitar los homicidios que se producen en su consecuencia.

Con ese mismo fundamento, se propone también la prohibición de venta de repuestos usados, en la inteligencia que, junto a las autopartes, su compra-venta constituye el objetivo más preciado de la actividad en cuestión, actividad que no distingue entre quien roba e introduce los bienes robados en el circuito comercial, y quien adquiere los mismos, muchas veces sospechando o a sabiendas que ellos son el producto de un hecho delictivo consistente en un desapoderamiento o un homicidio.

Por último, cabe resaltar que el presente proyecto encuentra su antecedente en el Proyecto de Ley S-2525/03.

Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción del presente proyecto.

Miguel A. Pichetto – Eric Calcagno – Daniel F. Filmus –José M. A. Mayans – José Pampuro – Nicolás A. Fernández.

Fuente: http://newsmaker4.com.ar/clientes/tiemposdeseguros/tiemposdeseguros/web/ver_nota.php?id_noticia=190112&e=12826&id_edicion=12826&news=134&cli=110&accion=ampliar

Nota de Origen: http://@elfabridigital

Foto crédito: nhAutopiezas